Por Tito Drago
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| Periodista Tito Drago |
Extractos:
La condena de una mujer inocente por el asesinato de una menor y su reclusión en la cárcel durante 17 meses, puso en cuestión el mantenimiento o no de los jurados populares, una instancia de justicia de reciente implantación en España.
La confesión de un británico de ser el autor del crimen llevó a jueces, abogados, intelectuales y otras personalidades a cuestionar si se debe mantener, o modificar, la ley que introdujo los juzgados populares, que comenzaron a actuar en 1997.
Rocío Wanninkhof, 19 años de edad e hija de la ex compañera sentimental de Vázquez, fue asesinada a puñaladas el nueve de octubre de 1999. Un año después un jurado popular encontró culpable a Vázquez, por lo que fue condenada a 15 años y un día de prisión.
El abogado de la defensa recurrió el fallo y el Tribunal de Justicia de Andalucía, comunidad en la que se cometió el crimen y se sustanció el proceso, anuló la sentencia y decretó su libertad bajo fianza hasta que se celebre un nuevo juicio, lo que significa que la acusada debe presentarse en el juzgado cada diez días.
El asesino, Tony Bromwich, fue detenido el 18 de septiembre, días después de violar y asesinar a Sonia Caravantes, de 17 años de edad, en Coín, una localidad de la provincia de Málaga, ubicada en la costa norte del mar Mediterráneo, lugar conocido por la afluencia de turistas nacionales y extranjeros.
Al ser interrogado por la policía confesó ser el autor de ese crimen y también del anterior, a sí como de varias violaciones cometidas en esa zona de España. Medios británicos recogieron esta noticia, lo que sacó a luz acciones similares cometidas por Bromwich en su país natal, por las que fue juzgado y condenado.
Al salir en libertad en el Reino Unido, Bromwich fraguó un nuevo pasaporte a nombre de Tony Alexander King y se trasladó a España, donde se desempeñaba como camarero de un bar.
Confesados ambos crímenes, tomó estado público en España el informe policial en base al cual el jurado popular condenó a Dolores Vázquez y que sólo presenta indicios de carácter general.
Entre otras cosas, el documento informa de que el homicida abrió “excesivamente las piernas” de la víctima, para que no se supiera cómo, cuándo y en qué lugar se produjo la agresión.
También que la acusada “se atraganta a la hora de transmitir tranquilidad y que grabaron conversaciones suyas en las que se limitaba a decir a sus amistades “yo no he sido”, ante la acusación de que fue objeto y su gran repercusión en los medios.
Ante la evidencia del error judicial, el fiscal jefe de Málaga, donde se realizó el juicio, reconoció el error y lo justificó diciendo que “fallos hay en todas las instituciones”. Y que “aunque se haya trabajado mucho cabe la posibilidad de error y mucho más en algo como la valoración de un detalle que puede resultar decisivo para la investigación”. No precisó cuál fue el detalle.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Enrique Bacigalupo, con amplia experiencia jurídica y docente en su país natal, Argentina y en el de su actual nacionalidad, España, dijo a IPS que él está en contra del mantenimiento del jurado popular, integrado por legos, personas sin formación en esa disciplina.
Es sabido, explicó, que un jurado popular tiene pocas posibilidades de descubrir las circunstancias que pueden generar errores. Ese modelo de jurado se originó en el siglo XII, pero en la actualidad el derecho penal es mucho más complejo que en sus orígenes, añadió.
También cuestiona el asunto otro magistrado, Perfecto Andrés Ibáñez, quien afirmó que el caso Wanninkhof puso de manifiesto que “las posibilidades de error en el juicio son tanto mayores cuanto menor es la capacidad de operar racionalmente con los resultados de la prueba”.
Para él, en el juicio que condenó a una inocente influyeron demasiado los medios de comunicación, que contribuyeron a crear un clima de culpabilidad en contra de ella.
En este caso, prosiguió, los errores más gruesos los cometieron los medios de comunicación que desde que fue detenida Dolores Vázquez y hasta después de la celebración del juicio no cesaron en cebarse en ella, creando un clima de culpabilidad.
Según una encuesta publicada esta semana, el 90 por ciento de los medios de comunicación daban por culpable a la acusada y ello, subraya Menéndez, condiciona en gran manera también a los miembros de un jurado popular.
Más duro, con los medios y con el jurado, es el escritor Antonio Soler, quien sostiene que “si lo que se juega es la vida libre o estar encerrado entre rejas, se requiere ser juzgado por expertos o, a lo sumo, con una mezcla de sabiduría y pensamiento fresco”. Porque, sentenció, Vázquez fue condenada previamente por los medios de la comunicación y la sociedad, con el aval “de una chapucera investigación policial”, lo que influyó notoriamente sobre el jurado.
En Mijas, municipio al que pertenece Coín y en el que reside Dolores Vázquez, la Asociación Clara Campoamor, que defiende a las mujeres, exigió a ese organismo y a su alcalde, el socialista Agustín Moreno, que celebre un pleno extraordinario y pida perdón a Vázquez, por haberse sumado en su momento a las acusaciones.
Mientras, la inocente y condenada, está a la espera de que el jurado de apelación ratifique su inocencia y por lo tanto declare su libertad sin condiciones.
Tito Drago
Periodista y consultor especializado en relaciones internacionales,director de Inter Press Service España (IPS) reside en España desde 1977, es autor de “Medio Ambiente y Desarrollo” (Cifca, 1980),”Centroamérica, una paz posible” (El País-Aguilar, 1988), “El futuro es hoy. Hacia el desarrollo sostenible” (Cruz Roja, 1992), “Chile, un doble secuestro” (Ed. Complutense, 1993), “El retorno de la ilusión. Pinochet, el fin de la impunidad” (RBA, 1999), “Allende, un mundo posible” (Ed.RIL, 2003), “Cara y Cruz, el Che y Fidel” (Sepha, 2007), “DosEnUno: así nació, así se canta y así se baila el tango (Comunica, 2010), "¡Nunca jamás!", (RBA, 2012) y coautor de decenas de libros, la mayor parte dedicados a la realidad iberoamericana, el medio ambiente, la cultura, la globalización y el periodismo.
1 de octubre de 2003
