Buenos Aires: Ya colapsó del juicio por jurados

Por Argentina sin Juicios por Jurado

Argentina sin Juicios por Jurado - Por el Dr. Carlos P. Pagliere (h.)
Director, autor y editor de “Argentina sin Juicios por Jurado”
Juez del Tribunal Oral Criminal N°2 de Azul, Buenos Aires, Argentina
Autor del libro Homicidio insidioso y del tratado Nueva teoría del delito (en 15 tomos)

Hay una constante que se repite en todos los países del mundo que han tenido la mala idea de implementar el juicio por jurados: el sistema siempre colapsa. Y la administración de justicia bonaerense ya presenta demasiadas dificultades como para sumarle una modalidad de juzgamiento que colapsa invariablemente.

Las razones son siempre las mismas: se requiere una importante logística con la que nunca se cuenta; se entorpece el trabajo de toda la administración de justicia; el juicio por jurados es extremadamente costoso y, principalmente, los ciudadanos no quieren participar.

El resultado es siempre el mismo: o se replican las suspensiones de juicios por falta de jurados o se instituye, informalmente, un cuerpo de jurados cuasi profesional conformado por las mismas personas que durante el año intervienen una y otra vez en todos los procesos penales.

Para que se aprecie con mayor claridad la situación en la que se halla la provincia de Buenos Aires, que ya ha aquilatado dos largos años de malas experiencias, pasaré a describir todo el cuadro de la situación lo más fidedignamente posible.

En primer lugar, todo tribunal se enfrenta con la dificultad de la convocatoria de los candidatos a jurados. Para ello, se realiza un sorteo vía informática de 48 candidatos entre todos los ya preseleccionados por el Ministerio de Justicia dentro del padrón electoral.

El resultado de este sorteo es muy dispar. En ocasiones se obtienen los 48 candidatos, pero la mayoría de las veces sólo hay disponibles entre 20 o 30. En más de una ocasión el sorteo ha arrojado el resultado de cero (0), es decir, no se cuenta con ningún candidato para integrar el jurado, con lo cual no queda más alternativa que suspender el juicio desde el comienzo mismo.

De los candidatos sorteados, que como adelantamos suelen ser entre 20 o 30 candidatos, se logra notificar en una primera instancia más o menos a la mitad (el 50%), si es que se ha tenido suerte, pues para los oficiales notificadores es muy difícil encontrar al candidato en su domicilio.

Eso es lógico. Salvo que el notificador concurra en horas de la noche o en días feriados, las personas trabajan durante gran parte de la jornada. O se ausentan para hacer sus trámites. O simplemente no están. Es decir, no es fácil hallar a una persona en su vivienda.

Esto, siempre y cuando el candidato viva en el domicilio electoral. Porque se producen dos situaciones de modo cotidiano. La primera es que el padrón electoral no está debidamente actualizado y la persona que se quiere citar como jurado ya no vive en el lugar. La segunda es que la persona tiene ese domicilio, que es el familiar, pero vive en otra jurisdicción.

Respecto de los que no se han podido notificar, se pueden adoptar dos temperamentos. El primero es tenerlos por no notificados, darlos de baja y hacer un nuevo sorteo, lo cual es normalmente infructuoso si tenemos en cuenta que el primer sorteo ni siquiera ha arrojado los 48 exigidos por ley. El segundo temperamento a adoptar es mandar a rastrear a los jurados no habidos través de las fuerzas policiales.

Naturalmente, a los tribunales no les queda más alternativa (para no frustrar el juicio) que requerir colaboración a la policía para que investigue si vive el candidato en el domicilio o averigüe cuál es su actual paradero. Es decir, las fuerzas policiales, que deberían abocarse a la prevención y represión de delitos, acaban apartándose de sus funciones para poder hacer gestiones a los tribunales y llevar adelante los juicios por jurados.

Respecto de los que sí pudieron ser notificados (la otra mitad de los 20 o 30 sorteados), es imposible ser optimistas y confiar en que van a concurrir al juicio. Siempre se les requiere un número telefónico para llamarlos e instarlos a concurrir; caso contrario, el fracaso del juicio está asegurado.

Durante muchos días los empleados y funcionarios del tribunal deben comunicarse con los candidatos a jurados que hayan aportado sus números telefónicos (porque algunos se niegan). Se les debe explicar qué significa ser jurado (porque la mayoría no lo sabe) y se les debe recalcar que es una carga pública (porque la gran mayoría no quiere concurrir).

Muchos directamente se "empacan" y anuncian que no van a comparecer bajo ningún punto de vista. A pesar de que se les reconviene amablemente, en primer término, y luego se los amenaza con ser traídos compulsivamente, no todos ceden y se van perdiendo posibles jurados.

Naturalmente, es factible traer al candidato por la fuerza pública, pero el costo es muy alto. Sólo hay que imaginar cómo podría hacer su labor de juez una persona que es traído "de prepo" a los tribunales. Y ni hablar si la falta de colaboración hiciera necesario que la policía tenga que allanar el domicilio, derribando la puerta de ingreso, y traer al ciudadano a los estrados aplicando fuerza física. La realidad es que ningún juez sensato haría traer a un jurado por la fuerza pública.

Los medios que los ciudadanos ensayan para procurar sustraerse del deber de ser jurados son muchos y muy originales. Algunos notificados piden asesoramiento a algún abogado. Otros despachan cartas dirigidas al juez explicando múltiples razones por las que no podrán concurrir. También se acercan a los juzgados certificados médicos (verdaderos y dudosos), anuncios de viajes, compromisos laborales ineludibles, imposibilidades físicas, económicas y familiares, etcétera.

Todo este procedimiento de "arreo" de los candidatos a jurados se extiende durante los 40 días, establecidos por la reglamentación, para poder comenzar con la organización del juicio por jurados. Esto, naturalmente, produce un considerable desgaste en todos los operadores de la administración de justicia y en los agentes de las fuerzas policiales.

Pero los inconvenientes recién comienzan. Los departamentos judiciales, especialmente en el interior de la provincia de Buenos Aires, son muy extendidos. Muchos de los candidatos a jurados viven a 100, 200 y hasta 300 kilómetros de distancia de la sede de los tribunales. Y viajar se transforma en un gran problema.

Quienes no poseen movilidad, por carecer de vehículo propio o capacidad económica, deben concurrir en un transporte público y someterse a las incomodidades de un largo viaje. Pero el horario de la llegada de los micros no siempre coincide con el horario de la convocatoria al juicio.

Además, los viáticos que paga el estado no cubren el monto para hacerse traer por un remís. Y el pago del trasporte recién se reintegra cuando el candidato llega a la sede de los tribunales, debiendo los ciudadanos hacer una erogación dineraria previa que no siempre pueden afrontar.

Los tribunales, para no frustrar los juicios, no tienen más alternativa que convocar a los choferes del poder judicial para que trasladen a los candidatos a jurados. Esto produce gastos de combustible y entorpece nuevamente la administración de justicia, pues los choferes ya no pueden estar a disposición de los operadores de la justicia para realizar las labores que verdaderamente deben cumplir.

Cuando las distancias son grandes, los choferes no pueden —al menos no sin peligro para la seguridad vial— viajar durante la noche, recoger al jurado y regresar en las primeras horas de la mañana. Por lo que deben viajar el día anterior y permanecer en un hotel, para volver al otro día con los jurados. El traslado de los jurados, incluso tomando todas las precauciones posibles, de todos modos suma el riesgo de posibles siniestros que pudieren ocurrir en las rutas y las eventuales responsabilidades que se pudieren originar.

No sólo el problema es la llegada a los estrados, sino también la vuelta a los hogares (por lo que muchas veces también hay que destacar choferes), si es que no resulta imposible (por el horario de la culminación de la audiencia) que obliga a alojar a algunos jurados en hoteles, con el enorme costo que ello implica.

Todos estos inconvenientes se repiten durante todas las jornadas que dura el juicio, que se puede extender por varios días.

Como los candidatos de los padrones suelen ser limitados, las personas se repiten una y otra vez. De modo que los mismos ciudadanos están siendo citados en 3, 4, 5 o más ocasiones. Las quejas, naturalmente, son constantes. Ni bien se los contacta ya expresan su disconformidad, porque nadie se complace de ser convocado una vez cada mes para ser jurado.

En algunos casos los candidatos concurren a la citación pero quedan descartados en el proceso de selección. En otras ocasiones participan en el juicio y dictan veredicto, y al mes siguiente son citados de nuevo, y dictan otro veredicto. Y así se transforman en jueces cuasi profesionales.

Según la ley de jurados, hasta que no transcurran los tres años no se puede ser jurado nuevamente, pero en la actualidad esta disposición no tiene aplicabilidad real, porque si no se obligara a los ciudadanos a ser jurados en más de una ocasión, no se podrían llevar a cabo los juicios.

Como nota de color, en los últimos días se supo que en una importante ciudad de la provincia de Buenos Aires se creó, entre los jurados que vienen participando reiteradamente en juicios, una cadena de whatsapp para avisarse de la llegada de nuevas notificaciones y así estar advertidos para no abrir la puerta a los agentes notificadores o a la policía. 

Si los juicios se suspenden y posponen indefinidamente, y el imputado se encuentra con prisión preventiva, llega un momento en que los jueces se hallan obligados a conceder la excarcelación por excederse en el plazo razonable en que se debe culminar el proceso penal.

Hay que decir que los jueces —que tienen verdadera vocación de garantizar la mejor administración de justicia— acuden a todos los medios a su alcance para evitar que un juicio se frustre. Ordenan que se realicen sorteos de última hora para ampliar la cantidad de candidatos a jurados. Disponen la comunicación telefónica permanente con los candidatos hasta que se comprometan a comparecer. Obligan a las fuerzas policiales a que colaboren en todas las diligencias necesarias para rastrear, notificar y hacer traer a los jurados. Hacen recoger y devolver a los jurados a sus propios domicilios. Recomiendan a las partes que no realicen recusaciones innecesarias, sólo porque tengan la posibilidad de hacerlas. Inician el juicio con menos cantidad de jurados suplentes que los fijados por ley o sin jurados suplentes (siempre que las partes lo consientan). Y reducen al mínimo las jornadas de debate. Pero todas estas medidas extremas y de emergencia no hacen más que maquillar el colapso del sistema.

El gasto promedio por cada jornada de juicio por jurados (que puede durar varios días) es de $50.000, entre viáticos, comida, alojamiento y remuneración. La pregunta es ¿para qué? El tiempo de perturbación a la administración de justicia es casi permanente. La pregunta es ¿para qué? Las molestias a los ciudadanos son reiteradas y en el lapso de pocos meses. Nuevamente, la pregunta es ¿para qué?

Los tribunales se hacen menos expeditivos por el enorme cúmulo de trabajo que implica la realización de juicios por jurados. Los debates ya se han empezado a suspender por falta de jurados. Los ciudadanos pasaron del entusiasmo de la novedad, al tedio de la cotidianidad.

Quieran o no admitirlo las autoridades políticas y judiciales, lo cierto es que el sistema de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires ya colapsó. Y era previsible, pues como lo adelanté al comenzar este artículo, ha fracasado en todos y cada uno de los lugares del mundo en que se ha implementado este sistema de juzgamiento penal.

Lo extraordinario del caso es que se está impulsando la implementación de juicios por jurados a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Me permito darles un sincero consejo a los legisladores de todas las provincias del país: antes de implementar el juicio por jurados, piénsenlo una y mil veces.